CALIFORNIA – Los empleadores de California se enfrentan a nuevos desafíos con la reciente decisión de la Corte Suprema de California sobre las demandas bajo la Ley de Abogados Privados Generales (PAGA).
La Ley de Abogados Privados Generales (PAGA), establecida en 2004, permite a los empleados presentar demandas en nombre de la Agencia de Desarrollo Laboral de California para recuperar multas civiles por violaciones al Código Laboral. Estas demandas afectan a empleados actuales y anteriores, abriendo un camino más fácil para obtener compensaciones monetarias. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema de California plantea interrogantes sobre cómo los empleadores enfrentarán las demandas PAGA consideradas “inmanejables“.
Antes de la decisión crucial en el caso Estrada vs. Royalty Carpet Mills, Inc., los empleadores buscaban formas de limitar, rechazar o desestimar demandas PAGA inmanejables. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, División Cuatro, en Wesson vs. Staples, había concedido a los tribunales de primera instancia la autoridad inherente para gestionar la manejabilidad de estas demandas, ofreciendo una pequeña victoria a los empleadores.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Tres, en Estrada v. Royalty Carpet Mills, Inc., tomó una posición diferente al afirmar que los tribunales no podían desestimar una demanda PAGA por razones de manejabilidad. A pesar de reconocer la existencia de demandas inmanejables, argumentaron que hacerlo interferiría con el propósito de la PAGA como un mecanismo de aplicación de la ley.
La Corte Suprema de California, en su decisión del 18 de enero, despojó a los tribunales de su autoridad para rechazar o desestimar demandas PAGA debido a la falta de manejabilidad. Aunque la Corte reconoció que los tribunales carecen de esta autoridad inherente, dejó abiertas diversas estrategias de defensa para los demandados-empleadores.
