CALIFORNIA – Los índices de incumplimiento del salario mínimo se han disparado en ciudades californianas como Los Ángeles, causando pérdidas millonarias a los trabajadores.
Un estudio realizado por la Universidad de Rutgers ha arrojado cifras preocupantes: los trabajadores de California están perdiendo hasta $4,000 al año en importantes áreas metropolitanas como San Francisco, San Diego y San José.
La profesora Janice Fine, directora del Laboratorio de Justicia Laboral de la Universidad de Rutgers, enfatiza la urgencia de fortalecer, no debilitar, la aplicación de las leyes laborales.
El estudio, llevado a cabo por la Escuela de Gestión y Relaciones Laborales (SMLR), destaca la necesidad de analizar y mejorar la aplicación de los estándares laborales en los Estados Unidos.
Aunque California se posiciona como líder nacional en leyes de salario mínimo, el estudio revela que muchos trabajadores de bajos ingresos no están recibiendo la remuneración adecuada.
En noviembre, podría someterse a votación una iniciativa en California para derogar la Ley de Abogados Generales Privados (PAGA), lo que podría limitar la capacidad de los trabajadores para presentar demandas colectivas por ciertas violaciones.
El estudio, basado en datos federales recopilados entre 2014 y 2023, resalta que los trabajadores negros y latinos, así como los jóvenes de 16 a 24 años, son los más afectados por las violaciones del salario mínimo.
La ley californiana, promulgada en 2004, permite a los empleados demandar por violaciones del código laboral en representación de sí mismos, otros trabajadores y el estado, empoderando así a los trabajadores a reclamar sus derechos.
El estudio identifica sectores como el cuidado infantil, el trabajo de niñeras y la atención domiciliaria como los más afectados por las violaciones del salario mínimo.
El reciente aumento del salario mínimo de $16 a $20 para los trabajadores de comida rápida en California refleja los esfuerzos del estado por garantizar un salario digno. Sin embargo, enfrenta resistencia por parte de grupos empresariales, lo que podría llevar a disputas legales y políticas en los próximos meses.
