El Juez del Distrito de Estados Unidos, Richard Boulware, en Nevada, otorgó el estatus de acción colectiva a más de 1,200 luchadores de artes marciales que demandan a Ultimate Fighting Championship (UFC) por supuestamente suprimir sus ingresos. Los posibles daños oscilan entre $811 millones y $1.6 mil millones de dólares.
Los luchadores, que compitieron en eventos promovidos por UFC desde diciembre de 2010 hasta junio de 2017, alegan que la empresa con sede en Nevada, Zuffa, operando como UFC, utilizó su posición dominante en el mercado para obstaculizar a los promotores rivales y se basó en contratos exclusivos para mantener la lealtad de los luchadores, reduciendo en consecuencia la compensación por combate. El abogado principal, Eric Cramer, resaltó que mientras los deportes principales pagan a los atletas más del 50% de los ingresos del evento, los luchadores de UFC solo reciben el 20%.
En respuesta al problema de la demanda de acción colectiva de los luchadores de UFC, el abogado de UFC, William Isaacson, declaró la intención de apelar, calificando la demanda de “legal y factualmente carente de mérito”. UFC enfatizó en un mercado competitivo de MMA beneficioso para atletas, promotores y aficionados.
La orden detallada de 80 páginas del Juez Boulware reconoció que los luchadores habían demostrado daño económico debido a la “conducta anticompetitiva” de UFC. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido sobre una demanda similar con respecto a luchadores desde mediados de 2017 en adelante. Además, Boulware rechazó una segunda certificación de clase en relación con los luchadores cuyas identidades fueron utilizadas por UFC en materiales promocionales.
Una conferencia de estado está programada para el 21 de agosto, sin fecha de juicio confirmada.
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