CALIFORNIA — El jueves, la Corte Suprema de California restringió significativamente la aplicación de una ley clave de protección laboral, limitando los derechos de los empleados públicos para hacer cumplir las regulaciones laborales estatales.
En una decisión unánime, el tribunal dictó que los empleados del Sistema de Salud de Alameda (AHS), una red de hospitales públicos en el Condado de Alameda, no tienen derecho a las mismas protecciones que los trabajadores del sector privado bajo las leyes laborales estatales.
La sentencia aclaró que las leyes que exigen pausas para comidas y descansos, así como la Ley de Abogados Generales Privados (PAGA, por sus siglas en inglés)—que permite a los empleados demandar colectivamente a los empleadores por violaciones laborales—no se extienden a los empleados estatales o locales.
La decisión recibió reacciones mixtas. Ryan McGinley-Stempel, representante de AHS, celebró la sentencia como una salvaguarda para las agencias públicas, asegurando que no se les impongan penalidades y tarifas que podrían obstaculizar su capacidad para proporcionar servicios esenciales.
Por otro lado, Ari Stiller de la Asociación de Abogados de Empleo de California criticó la decisión, afirmando que excluye a los empleados públicos de hacer cumplir los derechos laborales bajo PAGA, una ley que él describió como una de las herramientas más cruciales de California para mantener los estándares laborales.
El caso surgió tras las quejas de una enfermera y un asistente médico en el Hospital Highland de Oakland, quienes alegaron que los empleados de AHS fueron privados de descansos para comidas y pausas, y penalizados por tomarlos. Aunque un tribunal inferior permitió que su demanda continuará, la Corte Suprema estatal revocó esa decisión, subrayando que AHS opera como una agencia pública.
Escribiendo para el tribunal, la jueza Carol Corrigan señaló que permitir reclamaciones de PAGA contra empleadores públicos, redirigirá efectivamente los fondos de los contribuyentes de una institución pública a otra, socavando la intención de la ley de proteger al estado de daños financieros.
La sentencia deja la puerta abierta para que la Legislatura estatal introduzca nueva legislación si no están de acuerdo con la interpretación del tribunal.
