CALIFORNIA – Un grupo de exalumnos está llevando a juicio a la Universidad Olivet en Anza, alegando que fueron víctimas de tráfico laboral humano y obligados a trabajar sin remuneración después de venir del extranjero para estudiar en la universidad privada cristiana con becas completas.
Cuatro exalumnos; Dawin Liranzo Galan, Roland Broccko, Minerva Ruiz y Rebecca Singh – llegaron desde España, Venezuela e India a los EE. UU. con visas de estudiante obtenidas a través de Olivet para asistir a la escuela en 2017 y principios de 2018. Sin embargo, al llegar al pueblo del alto desierto, se les comunicó que debían trabajar para saldar su deuda, según alega la demanda.
“Llegaron con la esperanza de cumplir sus sueños. Lo que experimentaron fue una pesadilla“, afirma la demanda contra la Universidad Olivet presentada en el Tribunal Superior del Condado de Riverside en septiembre y modificada el 7 de febrero del 2024.
Se describe cómo, a pesar de sus diferentes orígenes y viajes a los Estados Unidos, todos compartieron una terrible experiencia: convertirse en víctimas de tráfico humano a manos de la Universidad Olivet y otros individuos.
Uno de los demandados es David Jang, un pastor cristiano coreano y profesor que fundó la Universidad Olivet en el Área de la Bahía en 2004 para estudiantes destinados al ministerio. La demanda también menciona a la universidad, al presidente Matthias Gebhardt y a otras cinco personas, incluyendo a Jasmine Park, Andrew Lin, Rachel Cheung, Nathanael “Ginturn” Tran y Stephanie Choi Gebhardt. Estos individuos eran empleados de la universidad o formaban parte de su Junta de Síndicos cuando los demandantes asistieron a la escuela.
La demanda es la última de una serie de problemas que ha enfrentado la universidad en los últimos años, incluyendo condenas penales en Nueva York, una investigación federal en curso por lavado de dinero, tráfico laboral humano y fraude, y acusaciones de violaciones de regulaciones estatales de educación el año pasado.
Esta situación destaca la importancia de garantizar que las instituciones educativas respeten los derechos y la dignidad de sus estudiantes, evitando prácticas abusivas y violaciones de la ley.
