CALIFORNIA – La NCAA, que representa a unas 1,100 escuelas y más de 500,000 atletas, ha enfrentado numerosas demandas a lo largo de su historia, defendiendo el modelo de atleta amateur que es el pilar de los deportes universitarios.
Desde la década de 1980, la organización ha estado en los tribunales, pero recientemente ha sufrido una serie de derrotas significativas.
En 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión unánime de 9-0 en contra de la NCAA, dictaminando que la organización no puede limitar los beneficios educativos que las universidades ofrecen a sus atletas.
Este fallo, acompañado por una opinión contundente del juez Brett Kavanaugh, sugirió que la NCAA podría estar violando la ley antimonopolio. Esta decisión abrió la puerta para que los atletas universitarios pudieran beneficiarse económicamente de su fama y para que las escuelas dirigieran más fondos hacia ellos.
El caso House vs. NCAA, una demanda colectiva presentada en el Distrito Norte de California y supervisada por la jueza federal Claudia Wilken, ha sido crucial en este cambio.
La jueza Wilken, conocida por sus sentencias previas que favorecieron a los atletas, sentó las bases para este nuevo modelo de compensación. Los expertos legales advirtieron que una derrota de la NCAA en este caso trastornaría el panorama de los deportes universitarios, y así ha sido.
En mayo, la NCAA y las principales conferencias del país decidieron resolver las acusaciones por $2.8 mil millones, avanzando hacia un modelo de reparto de ingresos con los atletas, financiado por los lucrativos acuerdos televisivos del fútbol universitario y el baloncesto de March Madness.
Miles de ex atletas universitarios serán elegibles para recibir pagos bajo este acuerdo, que varían desde unos pocos dólares hasta más de un millón.
Este acuerdo no solo compensa a los atletas por el pasado, sino que también establece un marco para que las escuelas puedan compensar directamente a los atletas en el futuro, regulando los pagos de patrocinadores.
El acuerdo incluye pautas sobre límites de listas para deportes individuales, que reemplazarán los límites de becas, y establece cómo se monitorearán y harán cumplir los nuevos pagos financieros.
También se regulan los pagos de terceros a los atletas y se detalla la distribución de casi $3 mil millones en daños durante los próximos 10 años. Estos pagos variarán según el deporte, el periodo de tiempo y la conferencia en la que compitió el atleta.
Aunque todos los atletas de la División I serán elegibles para recibir daños, se espera que la mayoría de los fondos se destinen a jugadores de fútbol y baloncesto de conferencias de poder, ya que estos deportes generan la mayor parte de los ingresos.
En conclusión, este acuerdo representa un cambio sísmico en los deportes universitarios, permitiendo a los atletas compartir los ingresos generados por sus esfuerzos y redefiniendo el modelo de atleta amateur.
La NCAA y las conferencias universitarias deberán adaptarse a esta nueva realidad, garantizando una compensación justa para los atletas que han sido el corazón de los deportes universitarios durante décadas.
