California — Las agencias públicas de California están mediando con Uber y Lyft para resolver extensos reclamos de robo de salarios, que podrían ascender a miles de millones de dólares.
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia del estado y los fiscales de las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y San Diego, busca el pago de salarios atrasados y daños para los conductores que operaron entre 2016 y 2020. Este período precede a la promulgación de la Proposición 22, que clasificó a los trabajadores de aplicaciones como contratistas independientes.
Las manifestaciones organizadas por Rideshare Drivers United en ciudades de California han llamado la atención sobre la batalla legal en curso. Estas acciones coinciden con documentos judiciales que revelan negociaciones de acuerdo activas. El núcleo de la disputa gira en torno al incumplimiento por parte de las empresas de la Ley de la Asamblea 5, que habría exigido la clasificación de los conductores como empleados, otorgándoles protecciones laborales estándar.
Rideshare Drivers United estima que los salarios adeudados superan los 1.3 mil millones de dólares, con pasivos potenciales que aumentan si se incluye a todos los conductores elegibles. Las empresas se han abstenido de comentar sobre las conversaciones de acuerdo o las estimaciones financieras.
Si bien Uber reconoce la aprobación de la Proposición 22 por parte de los votantes, los defensores de los conductores argumentan que la iniciativa no ha logrado brindar las mejoras prometidas en los salarios y las condiciones de trabajo. El resultado de estas negociaciones impactará significativamente la clasificación y compensación de los trabajadores de aplicaciones en California.
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