Anaheim, California — En un caso histórico que marca un precedente en el estado, The Walt Disney Company ha acordado pagar $233 millones para resolver una demanda colectiva por robo de salarios presentada por trabajadores de Disneyland. Este acuerdo, anunciado el pasado viernes, pone fin a una batalla legal que se extendió durante cinco años y se convierte en el caso más grande de su tipo en California.
La demanda fue presentada en 2019, tras acusaciones de que Disneyland no cumplía con la ley de salario mínimo de Anaheim. Más de 50,000 empleados actuales y anteriores se beneficiarán de este acuerdo, que incluye pagos atrasados e intereses acumulados desde 2019. Este anuncio coincide con el aumento del salario mínimo en la ciudad a $20.50 por hora, que entrará en vigor en 2024.
De acuerdo con la portavoz de Disneyland, Suzi Brown, actualmente todos los empleados del parque ganan al menos $19.90 por hora, cumpliendo con los requisitos de la Medida L, una legislación local aprobada por los votantes para garantizar salarios más justos. Sin embargo, los defensores de los derechos laborales consideran que este ajuste llega después de años de salarios insuficientes que afectaron a miles de trabajadores.
Peter Dreier, profesor de política pública en Occidental College, destacó que la resolución es un acto de justicia, ya que la compañía había subpagado a sus trabajadores durante años. “Es correcto que reciban lo que se les debe”, afirmó Dreier.
El conflicto se originó en 2018, cuando los empleados de Disneyland comenzaron a alzar la voz sobre discrepancias salariales. La presentación formal de la demanda en diciembre de 2019 marcó el inicio de un proceso judicial que culminará con la aprobación final del acuerdo en enero de 2024.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre los derechos laborales y el impacto de las leyes locales en la mejora de las condiciones salariales. Mientras tanto, el histórico acuerdo de $233 millones representa una victoria significativa para los trabajadores y un llamado a otras empresas a priorizar el cumplimiento de las leyes laborales.
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